Desde el sindicato CePETel repudiamos los intentos del Poder Ejecutivo Nacional de privatizar el Satélite Argentino ARSAT-3.
Nuestra organización gremial manifestó su agrado y satisfacción por la política nacional de desarrollo satelital argentino en ocasión de los lanzamientos de ARSAT-1 y ARSAT-2 en 2014 y 2015 respectivamente.
Este no es un hecho más sino una sucesión de acontecimientos que comienzan con el DNU 265/2015 sancionado a pocos días de asumir la Presidencia de la Nación el Ing. Mauricio Macri. Dicho DNU echó por tierra los aspectos más sustanciales de la ley que tuvo mayor discusión desde el retorno a la democracia como la de Medios Audiovisuales (26.522) y de la ley de Argentina Digital (27.078). No sólo disolvió los entes creados por dichas leyes, la Autoridad Federal Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, sino que los reemplazó por un único organismo, el Ente Nacional de Comunicaciones, conformando un directorio de 7 miembros donde el poder de turno se reserva el derecho a nombrar 4 miembros quedando únicamente 3 miembros a designar por Congreso de la Nación para garantizarse de esta manera el control discrecional de dicho ente, lo que constituye una grave afrenta a la democracia y la división de poderes de la República.
A partir de este momento queda claro la política para el sector. Basta citar las numerosas autorizaciones para operar con cobertura en el suelo Argentino de satélites extranjeros invocando acuerdos de reciprocidad con otros países; como si fuera equivalente o factible la operación de ARSAT en, por ejemplo, Francia comparable con un satélite de ese país con pisada sobre el nuestro.
En una clara violación a la ley al artículo 10 de la ley 27.208 de Soberanía Satelital que exige la autorización expresa del Congreso con una mayoría especial de 2/3 para avanzar con cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, el gobierno firmó una carta de intención con la estadounidense Hughes para construir y operar el satélite ARSAT 3. El acuerdo establece la creación de una nueva empresa llamada NEWCO que se encargará de gestionar el nuevo satélite y dejando el control en un 51 por ciento para Hughes y en un 49 por ciento para Arsat. En estas condiciones, la estadounidense Hughes controlará la mayoría accionaria y será la encargada de aportar los fondos para la construcción pues el gobierno definió que no dispondrá la continuidad del financiamiento de satélites con fondos públicos. También Hughes fijará la política de la nueva empresa y nombrará sus autoridades mientras que el Estado dejará de lado el cumplimiento del plan satelital geoestacionario argentino y resignará el desarrollo de la banda Ka, apta para soportar el servicio de Internet de banda ancha a usuarios finales, a lo que decida la nueva empresa conducida por Hughes.
Desde nuestra organización gremial instamos al gobierno a que instrumente la política nacional que prevé la ley 27.208 y cese celebrar acuerdos de esta naturaleza que violan nuestra soberanía nacional.
Secretaría Técnica – Comisión Directiva Central – CePETel
