La Secretaría de Género de Cepetel organizó la “I Conferencia sobre discriminación y violencia de género en el mundo del trabajo”, realizada el 21 de mayo en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires (UTN.BA). El evento contó con la participación de Mónica Rocotovich, secretaria de Género de nuestro sindicato; Javier Ona, secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN.BA y Matilde Mercado, socióloga especializada en el tema.
“Muchas compañeras han vivido situaciones de discriminación, y si bien no es que no existan las leyes para evitar y sancionar este tipo de comportamiento, cierto es que las mismas no se cumplen”, afirmó la secretaria de Género de Cepetel. Durante su intervención, Rocotovich también marcó como objetivos el análisis activo y planteamiento del complemento del trabajo con el hogar y la familia, sin culpa de las mujeres, con miras a formar una sociedad más equitativa.
Por su parte, el ingeniero Ona -luego de comprometer a la coordinadora del Área de Desarrollo Social de la UTN.BA, Natalia Parrondo, a trabajar en conjunto con la Secretaría de Género de Cepetel- destacó que la matrícula femenina que egresa, si bien sólo es del 20%, es superior a la de hombres y lo consigue en menor tiempo. La industria que prosperó a lo largo de los años, igual que otros actores de desarrollo social, no acompañó al proceso de inserción laboral de la mujer.
La socióloga Matilde Mercado, especialista en el tema y reconocida por sus trabajos de investigación en el Instituto Gino Germani, llevó a reflexionar sobre la División Sexual del Trabajo, Género y Equidad y propuso la iniciativa de pensar hacia el futuro y mantener una actitud solidaria frente a estos asuntos.
En las investigaciones que realizó entre 1984 y 2004, Mercado estudió la normativa vigente en relación con el ámbito laboral, y con énfasis en las relaciones sociales entre los sexos. “Cuando aprendemos un lenguaje también creamos estereotipos, valores y disvalores. Marcos que conforman determinados prejuicios”, remarcó. Históricamente, la división sexual del trabajo se plantea desde el punto en que la mujer se debe a una tarea sexual y el hombre, a trabajar. Esta división también hace al Derecho.
En Argentina existió siempre un modelo Patriarcal Legislativo. Por ejemplo, en nuestro Código Civil, las mujeres casadas se encontraban en la enumeración de las personas incapaces de ser titulares de derechos. El art.56 decía que pueden tener tutores y en el art.57 figura que el representante de la mujer casada sería su marido. En esta línea, el Código de Comercio describía que la mujer casada podía emprender negocios a vistas del marido y siempre y cuando éste no se opusiera. Es así que la discriminación es descriptiva y normativa.
La diferenciación biológica se transformó en una desigualdad correspondiente al mundo de lo social, cuya diferencia es un hecho. ¿Quién dijo que es una incapacidad ser mujer? Esto surge en el discurso dominante, donde se construye el ‘deber ser’ del sujeto. Lo que pueden, lo que no deben. La ley legitima la producción de identidades subjetivas. La división era tomada con naturalidad y no como una visión de un grupo dominante.
Ciertas formas de organización y funcionamiento de la sociedad, con el eje en las estructuras de subordinación de género, colocan a la mujer como carente de capacidades de poder desarrollarse, tanto en la religión, las instituciones médico científicas, los medios de comunicación, el trabajo, el Derecho de Familia y hasta el Derecho a la Educación. Incluso, hace no más de diez años, ningún estudioso de la materia colocaba al trabajo doméstico bajo el concepto de “trabajo” (sin hablar siquiera de empleo) como el cuidado y reproducción de la fuerza de trabajo y, de manera biológica, del cuidado de las clases pasivas.
Por otro lado, el concepto de “género” refleja la concepción cambiante de la cultura en relación con la naturaleza. El término se empezó a usar en la psiquiatría de los años 50, en Estados Unidos, para distinguir el sexo asignado del sexo anatómico. Esto demuestra que si las identidades culturales son asignadas, entonces las mismas no surgen de la naturaleza y se pueden transformar. Se pueden poner atributos al varón y también a la mujer. Las diferencias se exaltan a través de mandatos, del lenguaje de cultura de una matriz de ideas sobre roles sociales, con bases biológicas pero no tan determinantes. El género es una clasificación simbólica de personas sociales (ellas, ellos, son todos). Esta construcción de cultura no estuvo exenta de conflicto.
Y cuando se modifica el discurso lingüístico, la normativa registra los cambios vigentes. Los movimientos sociales inciden en estos cambios, pero es el feminismo académico el que intenta penetrar en el Estado. En los años noventa, se legisla sobre el acoso sexual en la administración pública. Se prohíbe el despido discriminatorio. Se reconoce como un trabajo al servicio doméstico. En 1991 se modifica el cupo de los partidos políticos, y la importancia radica en que es donde se generan las decisiones de la organización social.
Luego del pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se firma en nuestro país en la época de Alfonsín. En 1994 los Tratados Internacionales toman jerarquía constitucional. De los mismos surge la patria potestad compartida; la desvinculación de hecho; el divorcio matrimonial; se estipula que en los establecimientos penales las mujeres sean atendidas por mujeres y que tengan jardín para los chicos; se prohíbe expulsar de los colegios a las embarazadas y a los futuros padres varones. Surgen programas de salud de procreación responsable y se implementa la educación sexual en las escuelas.
Recién en 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner es quien impulsa la normativa sobre violencia laboral. Se promulga la ley de cupo sindical, que curiosamente se debate muchísimo después que la ley de partidos políticos, porque era un territorio catalogado como masculino -y aún lo sigue siendo-.
Otro aspecto que surge en el trascurso de la historia es la “autoimpugnación” de los grupos sociales. En una encuesta realizada a mujeres obreras, se les preguntaba si aspiraban ser delegadas -siendo que participaban en el gremio-, pero atribuían un saber al cargo que, si bien ellas lo poseían, no lo podían reconocer. Esto se explica con las construcciones sociales y se puede denominar “autoimpugación” del derecho del saber. Similar ejemplo se puede mencionar respecto al porcentaje de mujeres que elije seguir carreras técnicas que no implican distintos saberes sino, simplemente, la actitud de “autoimpugnación” por los modelos colectivos impuestos.
En conclusión, la mujer fue ganando terreno en el espacio social público. Las normas surgen para alisar a este grupo de un colectivo el camino para lograr la equidad. Son medidas para allanar el espacio de mujeres y grupos no reconocidos en el imaginario del Poder.
El principal reclamo que las mujeres hacen hoy es que se cumpla la ley. Existen trampas hasta en las leyes de cupo, que todos conocemos. La división sexual jerárquica en el ámbito laboral continúa estereotipada y la mujer sigue siendo casi la única responsable del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar. Esto es un rezago. La figura de la maternidad futura reciente, continúa siendo vivida por los trabajadores como causa de sanción encubierta por parte de la empresa. Además, la vuelta al trabajo es conflictiva al imponérseles tareas diferentes a las que llevaban a cabo con anterioridad y siempre de inferior categorización. Persiste la diferencia salarial respecto a las mujeres y la dificultad para acceder a categorías jerárquicas en el ámbito laboral.
Argentina es pionera en temas de investigación y ha sido pionera en leyes relevantes. El problema radica en la diferencia entre el derecho sustantivo y la práctica sustentable.
