Como trabajadores profesionales de las telecomunicaciones celebramos el Decreto 690/20 del presidente Fernández al entender que es un gran avance para hacer operativo el derecho humano a las telecomunicaciones reconociendo la función social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El acceso a las telecomunicaciones fijas y móviles es un objeto de interés público tal como fue reconocido por la Ley Argentina Digital del año 2014, y en la actual situación de emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus se ha hecho más evidente aún el derecho de todos a estar conectados y comunicados.
Luego de más de treinta años finalmente se establece como un servicio público a la telefonía móvil, con lo que decenas de millones de usuarios tendrán derecho a exigir un servicio continuo y regular de calidad, lo que es una notoria mejora frente a las actuales cláusulas de “mejor esfuerzo” sobre las que brindan el servicio las empresas, creándose también una prestación básica obligatoria a ser brindada en condiciones de igualdad a todos los habitantes.
Asimismo, se reestablece el carácter de servicio público esencial y estratégico en competencia a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tal como lo disponía la Ley Argentina Digital y que había sido derogado por el decreto 267/15 del ex presidente Macri.
El nuevo marco regulatorio mantiene como premisa que los precios serán fijados por las empresas, debiendo ser justos y razonables para cubrir los costos de explotación y un margen razonable de operación, reincorporando la facultad que fijaba la Ley Argentina Digital de regular los precios que tiene la autoridad de aplicación (ENACOM) que luego fuera suprimida por decreto del anterior gobierno, por lo que no aceptaremos que las empresas prestatarias pretendan condicionar las paritarias bajo la excusa de la nueva normativa.
Comisión Directiva Central de CePETel
